El miércoles 28 de septiembre en la ciudad de La Paz, los pueblos indígenas y originarios, junto a las comunidades campesinas, firmaron el convenio con el gobierno donde se establece que del total de fondos del IDH se va a destinar el 5% para la creación y funcionamiento del Fondo de Desarrollo Indígena, el mismo será cogestionado entre las instancias representativas de los pueblos Indígenas, originarios y campesinos junto a los Ministerios de Asuntos Indígenas y Asuntos Campesinos.

De esta manera, los pueblos indígenas y originarios de Bolivia han logrado plasmar un proceso que tiene una historia a cuestas, de exigibilidad de los derechos humanos, que son los que amparan a los pueblos indígenas y originarios en la Ley 1257 que es la homologación del Convenio 169.

Un proceso que tuvo sus inicios en mayo de 2004

Que Bolivia hoy cuente con una normativa sectorial donde se han incorporado los Derechos de los Pueblos Indígenas y originarios y comunidades campesinas, no es fruto de la casualidad ni tampoco de la buena voluntad del Estado boliviano.

Para que el Movimiento Indígena y Originario de Bolivia sea reconocido con plenos derechos en la nueva Ley de Hidrocarburos, se han sucedido una serie de movilizaciones, las mismas que tuvieron su centro justamente en los lugares donde hoy por hoy, se viven los impactos directos provocados por las empresas transnacionales, es decir, el pueblo Guaraní y el Pueblo Chiquitano.

En Mandiyuti, mayo del 2004, el pueblo Guaraní arranca al gobierno de Mesa un acuerdo para que se incorpore en la nueva Ley sectorial el derecho a la consulta, al monitoreo ambiental y al beneficio.

Ese mismo mes, tan sólo un día después, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC junto al Bloque Oriente, arranca también al gobierno de Mesa el compromiso de considerar la propuesta de Título de Derechos Indígenas en la nueva Ley de Hidrocarburos.

La toma de pozos por el pueblo guaraní y la marcha indígena – campesina de los pueblos chiquitano, ayoreo, yuracaré mojeño y guarayo, han marcado el inicio de una larga caminata que se plasma hoy, en la conquista del 5 % del total del IDH para los pueblos indígenas, como un reconocimiento a los derechos como es el del beneficio establecido en la Ley 1257.

Los causes se juntan y forman un caudal importante

Si en mayo de 2004 los pueblos indígenas de las tierras bajas y de las tierras altas demandan al gobierno el respeto a sus derechos, en Agosto, en la histórica ciudad de Camiri, se firma el Pacto de Unidad Indígena y Originario y Comunidades Campesinas.

Pacto de Unidad que se propone luchar por una nueva Ley de Hidrocarburos donde se incorporen los derechos de los pueblos indígenas, y luchar de manera unida para la realización de la Asamblea Constituyente.

Nace entonces, lo que hoy Celso Padilla, dirigente guaraní herido en la toma de Tatareada el domingo pasado, considera “el arma de la unidad, como el arma más importante que tienen los pueblos indígenas de Bolivia”.

Construyendo la Unidad Indígena y Originaria

Quienes consideren que el proceso de constitución de la unidad indígena y originaria y las comunidades campesinas, ha sido un proceso fácil, se equivocan.

El movimiento indígena ha tenido que luchar contra todos aquellos que consideran a la Unidad de los pueblos, como la peor amenaza a sus intereses.

Por eso, desde la unidad, se han combinado una serie de medidas de presión que el 17 de mayo de 2005 han conseguido que se promulgue la Ley 3058 de Hidrocarburos, donde en el Título VIII y parte del IX se incorporan los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la ley.

A partir del 17 de mayo, las empresas transnacionales han dejado de tener el silencio cómplice de las autoridades departamentales, y tienen al frente una nueva normativa sectorial donde los derechos que tienen los pueblos Indígenas y Originarios desde julio de 1991, deban ser respetados.

El IDH y los pueblos indígenas

Haber conquistado una nueva Ley de Hidrocarburos es pues una victoria parcial pues queda por delante plantearse de manera seria la nacionalización de los hidrocarburos.

A pesar de ser una conquista de mediana conformidad, lo que sí no estaba claro era el referido al IDH, más aún si desde el gobierno se establece como una de las prioridades atender a sectores como los municipios y las universidades y dejar que los indígenas esperen a ser considerados en la distribución de esos recursos.

En esas condiciones completamente adversas, es que el Pueblo Guaraní decide avanzar y se pone al frente de la lucha por la materialización del IDH, porque la Ley de Hidrocarburos sea respetada y cumplida por las empresas transnacionales.

Tatarenda significa un nuevo Kuruyuki?

El Pueblo Guaraní nunca había pensado que la respuesta a sus demandas sea con semejante agresión por parte de los efectivos militares y policiales.

Los policías y militares que llegaron a Tatareada, no sólo sembraron pánico en el pueblo guaraní movilizado, sino también sacaron a luz su la discriminación que existe en el país, pues los bloqueadores para los policías y militares eran “indios de m…”.

Molestos por la represión policiaco – militar, que tiene un saldo de dos heridos, antes que infundir miedo, encendió la mecha de la rebeldía y al frente de la APG Nacional se unificó la demanda indígena en el ámbito nacional.

“Nunca más Kuruyuki” afirmó Nelly Romero, Presidente (Mburuvicha) de la APG Nacional y con esa fuerza guerrera propia del pueblo Guaraní, ha encabezado la conquista histórica de que el Estado boliviano reconozca como tales a los pueblos indígenas y originarios.

“No vamos a Volver con las manos vacías”

Si algo temían los indígenas es regresar a sus comunidades con las manos vacías. No podía ser que después de más de 20 días de movilización no se consiga nada.

Con el saldo de dos Mburuvichas heridos y la detención de 7 compañeros, el pueblo Guaraní comienza a articularse y lo hace no sólo a nivel de su territorio, sino también a nivel de la propia OICH y de la CPESC.

Por eso mismo, Padilla afirmaba en su testimonio en Urunduayti, que después de tanta lucha “no podemos volver con las manos vacías”.

Esta movilización indígena, arroja muchas lecciones pues al mismo tiempo que se celebra la victoria del movimiento indígena, se sabe que hoy más que nunca existe serias posibilidades de quitarle el control del poder a los que son nuestros verdugos.

Por eso, el movimiento Indígena originario considera que no se va con las manos vacías, han vuelto con el compromiso gubernamental de destinar el 5% del total del IDH al Fondo Indígena que se está creando.

“Hay que nacionalizar al gobierno”

A tiempo de reafirmar la necesidad de nacionalizar los recursos hidrocarburíferos con los que cuenta el país, Jesús Castillo, Secretario de Recursos Naturales de la APG, afirmó la necesidad de “nacionalizar a los gobernantes, al poder legislativo, al poder judicial, ya que pareciera que éstos gobiernan para las transnacionales y no para los bolivianos”.

Está claro que el movimiento indígena hoy, no es el de hace 10 años atrás y, está logrando dar pasos importantes en el proceso de unificación de demandas.

La Ley de Hidrocarburos, es la mejor muestra de lo que puede suceder cuando se unen los indígenas de tierras altas y tierras bajas, y este 30 de septiembre en Urunduayti, guaraníes, mojeños, yuracarés, ayoreos, chiquitanos junto a quechuas y aymaras, organizaciones matrices como la CIDOB, CPESC, APG junto a los representantes de las tierras altas del CONAMAQ, han reafirmado su compromiso de lucha con unidad.

Como lo dijo Celso Padilla cuando testimonió sus difíciles días en el hospital San Juan de Dios, “he aprendido que tenemos un arma, el del Pacto de Unidad, no es un arma cualquiera, y por eso es que los gobernantes quieren destruirla lo antes posible”.

La unidad como desafío, la unidad como conquista ha sido reivindicada en Urunduayti, en medio de la alegría de haber conquistado un triunfo (el 5% del IDH) y también de la tristeza de haber derramado sangre para conseguirlo. www.ecoportal.net